Después analizar el Real Decreto Ley de 2012 en pro de la sostenibilidad de nuestro maltrecho sistema nacional de salud, y de llegar a la conclusión de que lo hace tambalearse aún más, sorprende ver como se intentan implantar normas regionales de dudosa honestidad (y que a veces rozan lo absurdo) para proteger la solvencia de su sistema sanitario. Buceando en las noticias publicadas en el último mes relacionadas con el tema, da la impresión de que en este terreno todo vale si se enarbola la bandera de lo sostenible, de la economía, de "con-esto-saldremos-de-la-crisis".
Renovar la tarjeta sanitaria contribuye al desarrollo sostenible del sistema, ¿lo sabías?.
En Cataluña se pretende implantar desde primeros de marzo una tasa para renovar la tarjeta sanitaria en caso de robo, pérdida o deterioro. Dicha renovación es gratis si está motivada por cuestiones técnicas. ¿Cuáles son? Si la administración se equivoca en el domicilio, el nombre o el sexo del "asegurado"... todo un chollo. En la Consejería y en el Catsalut han hecho cuentas y tienen previsto ahorrar con esta medida. Si el año pasado se renovaron 677.000 tarjetas y por 400.000 de ellas podría haberse cobrado la tasa (7 euros), la recaudación sería de 2,8 millones de euros. Dicho así parece mucho dinero, pero la realidad es que para mejorar la solvencia de un sistema sanitario no es suficiente. Si lo comparamos con el ahorro que supone la utilización de medicamentos genéricos en Estados Unidos esta cifra queda bastante deslucida: 217.000 millones de dólares en 2012 (158.660 millones de euros).
Pensemos en el ahorro proporcional que supondría para nuestro sistema si hiciéramos como los estadounidenses. No deberíamos copiar muchas más cosas sobre su manera de gestionar el sector salud, es cierto, aunque en este campo debemos reconocerles el mérito. Como bien narraba Vicente Baos en su bitácora, ya en 2011 su porcentaje de uso de genéricos era el 78% del total de recetas que se emitían en el país. Esta cifra se prevé en aumento gracias a que su política del medicamento contempla que los genéricos sustituyan a la marca comercial una vez expira su patente. Un 80% de las prescripciones de ese medicamento deberán ser de su genérico en los 6 meses siguientes al fin de la patente. Sin embargo en nuestro país continuamos utilizando los genéricos en porcentajes ridículos en comparación con el resto de Europa (por si a alguien le apetecen ejemplos más cercanos a nuestro contexto): un 36% de uso en España frente al 60% de media europea. Una cifra irrisoria que parece ir en descenso, ¿por qué?.
Nuestro gobierno no establece normas que fomenten lo verdaderamente útil para hacer sostenible al sistema y se centra en medidas absurdas y que comprometen la equidad. Siete euros por renovar la tarjeta sanitaria no parecen muchos, pero puede ser algo prohibitivo para una familia sustentada mediante una pensión mínima, que en ese momento debe elegir entre la tarjeta o la comida diaria. Si elige la comida se está quitando la atención sanitaria que le brinda la tarjeta obligatoria.
Pensemos en el ahorro proporcional que supondría para nuestro sistema si hiciéramos como los estadounidenses. No deberíamos copiar muchas más cosas sobre su manera de gestionar el sector salud, es cierto, aunque en este campo debemos reconocerles el mérito. Como bien narraba Vicente Baos en su bitácora, ya en 2011 su porcentaje de uso de genéricos era el 78% del total de recetas que se emitían en el país. Esta cifra se prevé en aumento gracias a que su política del medicamento contempla que los genéricos sustituyan a la marca comercial una vez expira su patente. Un 80% de las prescripciones de ese medicamento deberán ser de su genérico en los 6 meses siguientes al fin de la patente. Sin embargo en nuestro país continuamos utilizando los genéricos en porcentajes ridículos en comparación con el resto de Europa (por si a alguien le apetecen ejemplos más cercanos a nuestro contexto): un 36% de uso en España frente al 60% de media europea. Una cifra irrisoria que parece ir en descenso, ¿por qué?.
Nuestro gobierno no establece normas que fomenten lo verdaderamente útil para hacer sostenible al sistema y se centra en medidas absurdas y que comprometen la equidad. Siete euros por renovar la tarjeta sanitaria no parecen muchos, pero puede ser algo prohibitivo para una familia sustentada mediante una pensión mínima, que en ese momento debe elegir entre la tarjeta o la comida diaria. Si elige la comida se está quitando la atención sanitaria que le brinda la tarjeta obligatoria.
Seguimos caminando hacia estrategias equivocadas...
Necesitamos un gobierno comprometido con la eficiencia, con la calidad, la solidaridad y la equidad. Necesitamos más fórmulas justas dentro del cubo de la sostenibilidad, no necesitamos normas con afán recaudatorio. Hay otras estrategias perpetradas en el último mes como no reconocer a los profesionales no estatutarios el descanso tras las guardias con motivo de la crisis (Madrid), o introducir servicios fuera de cartera pública (como oftalmológicos u odontológicos) a "precios públicos" pero provistos por entidades privadas (nuevamente Cataluña). Afortunadamente la primera medida se ha llevado al Tribunal Constitucional (lee la noticia aquí). La reivindicación parece sólo orientada al agravio comparativo establecido entre funcionarios y personal laboral, pero la realidad es que un profesional obligado a trabajar sin descanso ofrece una atención de menor calidad y ello va en detrimento de la eficiencia y la equidad. La segunda está siendo estudiada (noticia aquí), pero parece un arma de doble filo disfrazada de "medida de apoyo social". No se establece qué servicios serán ni cuanto costarán. Volvemos a lo mismo de antes, una familia con escasos recursos no prioriza su gasto para servicios por los cuales tenga que pagar, ¿suena de algo la ley de cuidados inversos? A la Consejería de Salud catalana, y a Boi Ruíz, le suena a dinero líquido, igual que la medida de las tarjetas.
Patricia Ferre
@la_pafecu
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